El abogado de los asambleìstas de Andalgalá, Javier Garin informó que se declaró admisible el amparo presentado contra la Mina de Agua Rica, considerándolo "un triunfo de la lucha popular". Anunció asimismo que se denunciarán "el abuso de autoridad y las lesiones sufridas por los vecinos" y que se pedirá "la destitución de los funcionarios responsables de la represión del pasado 15 de febrero"
El abogado de derechos humanos Javier Garin, patrocinante de los vecinos autoconvocados que interpusieron una acción de amparo a fin de impedir la puesta en funcionamiento de la Mina de Agua Rica, en la ciudad de Andalgalá, Provincia de Catamarca, Argentina, informó que el Juez de Control de Garantías interviniente "declaró admisible el amparo por la grave amenaza de afectación de derechos constitucionales que representa prima facie el megaemprendimiento minero al que se oponen los vecinos".
Garin consideró que esta medida es un "triunfo de la lucha popular, ya que se ha conseguido gracias a la firme decisión de miles de vecinos que se movilizaron en defensa del medio ambiente, el agua, la salud, y de la vida, enfrentando a la represión policial y las presiones de los grupos económicos multinacionales"
El abogado de los asambleístas anunció tambien "la decisión de los vecinos de iniciar acciones a causa de la feroz represión de que fueron objeto el pasado 15 de febrero, resultando decenes de heridos y personas detenidas. Esta represión fue totalmente inencesaria ya que estaba en trámite la acción judicial iniciada por nosotros, y por lo tanto nunca debió agredirse a los vecinos con efectivos policiales, balas de goma, gases lacrimógenos y golpes contra chicos y grandes. Acusaremos a los funcionarios judiciales y políticos y al Intendente municipal por abuso de autoridad, incumplimiento de sus deberes, lesiones y detenciones arbitrarias, y pediremos la destitución, juicio político o renuncia segun el caso".
Garin sostuvo asimismo que "esta gran victoria es sólo una parte de la lucha. Hay que seguir adelante para conseguir la paralización definitiva de este emprendimiento. Los vecinos autoconvocados promueven asimismo que Catamarca dicte una legislación que prohíba de una vez por todas la minería a cielo abierto"
Para mayor informacion: cel (011) 155-990-9876.- mail javiergarin@yahoo.com.ar. blog: www.derechoshumanosxjaviergarin.blogspot.com
jueves, 18 de febrero de 2010
martes, 16 de febrero de 2010
"FEROZ REPRESION DE ALZAMIENTO POPULAR EN ANDALGALÁ, CATAMARCA", DENUNCIÓ ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS
El abogado de derechos humanos y escritor Javier Garin denunció feroz represión policial a vecinos y asambleístas que se oponen a la Mina de Agua Rica en Andalgalá, Catamarca, y responsabilizó al Juez, la fiscal y el Intendente por el accionar policial. Alzamiento popular con decenas de detenidos, balas de goma, vuelco de vehículos y represión indiscriminada. Garin viajará a Catamarca y pedirá destitución o renuncia de los funcionarios responsables.
El abogado de derechos humanos y escritor Javier Garin, autor del "Manual Popular de Derechos Humanos", y abogado patrocinante de los vecinos autoconvocados de Andalgalá que interpusieron una acción de amparo a fin de impedir la puesta en funcionamiento de la Mina de Agua Rica, en la ciudad de Andalgalá, Provincia de Catamarca, Argentina, denunció que el día 15 de febrero se dió inicio a una feroz represión policial que se prolonga a través de las horas, con decenas de detenidos, balas de goma, gases, golpes a los manifestantes y "todo tipo de violencia y arbitrariedad por parte de las autoridades".
"Responsabilizo por esta acción represiva llena de barbarie contra simples vecinos y manifestantes pacíficos al Juez que la ordenó y a la fiscal que la solicitó, así como al Intendente de Andalgalá José Perea, quien en los días previos estuvo llamando a la represión. Funcionarios indignos de su cargo, que son una vergüenza para Catamarca, prefieren castigar al pueblo que defiende sus derechos a la vida y la salud y a un ambiente sano, con tal de favorecer a las empresas multinacionales que vienen a saquear nuestros recursos y que tienen mucha plata para repartir en corruptelas. Vamos a exigir la renuncia de todos estos personajes o su destitución, ya que fueron ellos los responsables de desatar la represión y la violencia", aseguró Garin.
El abogado de Derechos Humanos anunció que viajará a Catamarca para pedir la destitución de los funcionarios involucrados y el castigo de los delitos cometidos contra los asambleístas´, "a quienes se viene coartando su derecho a manifestarse". También denunció que "hubo escenas de guerra en esta ciudad, con autos volcados, resistencia popular a la represión policial y decenas de heridos y detenidos, todo por culpa de las autoridades que tratan a la gente como animales. Son las autoridades los únicos responsables de la reacción popular".
Garin manifestó tambien que "llama la atención que se lleve a cabo una provocación y represión de esta naturaleza cuando se encuentra en trámite una acción de amparo que interpusimos y que debería encauzar el conflicto por la vía pacífica. ¿Por qué salen a reprimir así? ¿Por qué mandan desalojar una asamblea popular que no comete ningún delito? Es porque saben que a la corta o a la larga, la vía judicial va a tener que frenar el protyecto de Agua Rica. Si no lo hace la justicia catamarqueña, lo hará la Corte Suprema de Justicia, porque está demostrado que este megaproyecto minero es inviable al afectar el medio ambiente y la salud pública, amenazar a la ciudad de Andalgalá con la contaminación del aire y las aguas y peligros de derrumbes y avalanchas y al vulnerar derechos protegidos por la Constitución Nacional", concluyó Garin.
El abogado de derechos humanos y escritor Javier Garin, autor del "Manual Popular de Derechos Humanos", y abogado patrocinante de los vecinos autoconvocados de Andalgalá que interpusieron una acción de amparo a fin de impedir la puesta en funcionamiento de la Mina de Agua Rica, en la ciudad de Andalgalá, Provincia de Catamarca, Argentina, denunció que el día 15 de febrero se dió inicio a una feroz represión policial que se prolonga a través de las horas, con decenas de detenidos, balas de goma, gases, golpes a los manifestantes y "todo tipo de violencia y arbitrariedad por parte de las autoridades".
"Responsabilizo por esta acción represiva llena de barbarie contra simples vecinos y manifestantes pacíficos al Juez que la ordenó y a la fiscal que la solicitó, así como al Intendente de Andalgalá José Perea, quien en los días previos estuvo llamando a la represión. Funcionarios indignos de su cargo, que son una vergüenza para Catamarca, prefieren castigar al pueblo que defiende sus derechos a la vida y la salud y a un ambiente sano, con tal de favorecer a las empresas multinacionales que vienen a saquear nuestros recursos y que tienen mucha plata para repartir en corruptelas. Vamos a exigir la renuncia de todos estos personajes o su destitución, ya que fueron ellos los responsables de desatar la represión y la violencia", aseguró Garin.
El abogado de Derechos Humanos anunció que viajará a Catamarca para pedir la destitución de los funcionarios involucrados y el castigo de los delitos cometidos contra los asambleístas´, "a quienes se viene coartando su derecho a manifestarse". También denunció que "hubo escenas de guerra en esta ciudad, con autos volcados, resistencia popular a la represión policial y decenas de heridos y detenidos, todo por culpa de las autoridades que tratan a la gente como animales. Son las autoridades los únicos responsables de la reacción popular".
Garin manifestó tambien que "llama la atención que se lleve a cabo una provocación y represión de esta naturaleza cuando se encuentra en trámite una acción de amparo que interpusimos y que debería encauzar el conflicto por la vía pacífica. ¿Por qué salen a reprimir así? ¿Por qué mandan desalojar una asamblea popular que no comete ningún delito? Es porque saben que a la corta o a la larga, la vía judicial va a tener que frenar el protyecto de Agua Rica. Si no lo hace la justicia catamarqueña, lo hará la Corte Suprema de Justicia, porque está demostrado que este megaproyecto minero es inviable al afectar el medio ambiente y la salud pública, amenazar a la ciudad de Andalgalá con la contaminación del aire y las aguas y peligros de derrumbes y avalanchas y al vulnerar derechos protegidos por la Constitución Nacional", concluyó Garin.
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